Qué van a comprar los proyectos de Salta

Lo que cubre este menú, dicho de frente: los nueve nichos cuantificados son la economía de servicios que le vende a la puna salteña —los salares de litio de Los Andes y la roca dura de Diablillos—, que es donde hay cómputo publicado, plazo legal corriendo y precios derivables. Ahora: la demanda está arriba y la base desde la que se entra, no siempre. Los dos departamentos de los salares son minúsculos —Los Andes 7.182 habitantes y La Poma 1.789, contra 627.704 de la Capital (Censo 2022, resultados definitivos del INDEC)—, así que acá no se replica el pueblo de boom. Contando los proveedores ya identificados en los nueve nichos, el reparto es casi parejo pero se divide por tipo de negocio, no por mitades: en el corredor Salta capital–General Güemes están el laboratorio, la metrología, la perforación, los químicos y el ferrocarril (SGS y Conhidro en la capital, Transclor y la planta de POSCO en Güemes, el Ramal C-14 por Rosario de Lerma); arriba, en San Antonio de los Cobres, Olacapato y Tolar Grande, están el catering y los campamentos, la cámara de proveedores locales, la calera y el transporte cooperativo. Los dos son puertas reales de entrada y no piden lo mismo: el corredor pide equipamiento y habilitación, la puna pide presencia y logística de altura. Todos se anualizan sobre la misma ventana 2026-2029, que sale de los plazos de inversión de las resoluciones ya publicadas, y por eso se pueden sumar y comparar entre sí. Sumados dan del orden de USD 162 a 357 M por año —estimación nuestra, y conviene leerla con el límite puesto: es la suma de los nueve pisos contra la suma de los nueve techos, o sea extremo con extremo, y no es una distribución, porque los nueve comparten drivers (el precio del litio aparece como riesgo en ocho de los nueve). Es un orden de magnitud, no un pronóstico, y no es un porcentaje del capex: mezcla demanda de construcción con demanda recurrente de operación. El cobre no está acá, y es la ausencia que más pesa: Taca Taca es el proyecto que decide la década de la provincia —capex declarado de USD 5.250 M en su informe técnico de febrero de 2026— pero su solicitud de adhesión al régimen todavía no está presentada, porque la empresa dijo que la presenta después del permiso ambiental y de la concesión de agua (la escalera completa, con los hitos ya cumplidos, está en «Qué vigilamos»). Sin resolución no hay plazo legal contra el cual anualizar nada. Cuantificarlo hoy sería vender un mercado que no tiene fecha. Lo mismo vale para Pozuelos-Pastos Grandes, con solicitud presentada y sin resolver. Los dos quedan declarados y no sumados dentro de cada nicho, para que nadie los pierda ni los cuente dos veces: cuando salga la resolución, el mercado que hoy figura como techo pasa a la cuenta.