La ley que prohíbe operar en Malvinas ya tiene quién la aplique, con reloj, y sin firmar que se cumple no hay RIGI

La Ley 26.659 prohíbe desde 2011 explorar y explotar hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin permiso argentino, y alcanza también al que le vende, le hace la logística o lo asesora. Lo que faltaba era el aparato para aplicarla, y es lo que este decreto arma, en tres piezas. Primera: quién. El artículo 1 designa al «MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659». Segunda: el reloj. El artículo 2 instruye a todo organismo de la Administración Pública Nacional a informarle los hechos que puedan configurar las conductas prohibidas «en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos»; el procedimiento se abre de oficio o por esa comunicación (art. 3); la Autoridad analiza si hay indicios suficientes y dispone «la apertura del sumario» (art. 4); el presunto infractor tiene «DIEZ (10) días hábiles administrativos» para constituir domicilio especial, presentar descargo y ofrecer prueba (art. 5); y la resolución fundada sale «dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos» contados desde el descargo, desde su vencimiento o desde el cierre de la prueba (art. 6). La resolución sancionatoria se publica en el Boletín Oficial y se notifica a la Secretaría de Energía y a los demás organismos competentes (art. 7). Tercera, y es la que toca el negocio: el enganche con el RIGI. El artículo 9 agrega el inciso s) al artículo 47 del Decreto 749/2024 —el reglamento del RIGI— y exige que el representante legal del Vehículo de Proyecto Único presente declaración jurada de que cumple la Ley 26.659; el artículo 10 incorpora el artículo 52 bis a ese mismo reglamento para que la Cancillería se expida sobre la conducta del VPU frente a esa ley; y el artículo 11 sustituye el artículo 2 del Decreto 1057/2024 y pide la misma declaración jurada para obtener permisos y concesiones de hidrocarburos de la Ley 17.319. Firman Milei, Santilli, Caputo y Quirno. verif · 04-09-2026 ↗

5 de septiembre de 2026. El artículo 12 dice que el decreto entra en vigencia «el día siguiente al de su publicación», y se publicó el 4 de septiembre de 2026. verif · 05-09-2026 ↗

A tres grupos, y el segundo es el que casi nadie está mirando. Uno: el que ya pide o tiene RIGI en hidrocarburos. Todo Vehículo de Proyecto Único suma un papel a la solicitud —la declaración jurada del artículo 47 inciso s)— y suma un organismo que opina sobre él, la Cancillería, que antes no intervenía en el trámite. Dos: el proveedor, el que hace la logística y el consultor, que ya estaban dentro de la prohibición de la ley desde 2011 y ahora enfrentan un procedimiento con plazos y con una autoridad que tiene que resolver: el artículo 2 obliga a cualquier organismo del Estado que se entere de algo a informarlo en cinco días hábiles. Tres: el que pide un permiso o una concesión de hidrocarburos de la Ley 17.319, que ahora firma la misma declaración jurada. En el mapa que tenemos cargado, la cadena expuesta es la de servicios marítimos y submarinos del Golfo San Matías: ingeniería marina, izaje pesado y pilotaje, instalación de amarres, remolque y logística offshore, y conversión de buques. prob · 04-09-2026 ↗