Repartidores y choferes de app: el régimen propio

Crea el Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas — diez artículos que sacan la discusión del terreno del «¿es o no es empleado?» y escriben un estatuto propio. La figura central es el «prestador independiente»: una persona humana que conviene la prestación «de forma independiente» (art. 120). El artículo que define el régimen entero es el último: para lo no previsto, la vinculación entre la plataforma y el prestador se rige supletoriamente por el Código Civil y Comercial, no por la ley laboral (art. 128). El prestador tiene trece derechos enumerados, y el artículo 126 aclara antes de listarlos que ninguno «implica un indicio de relación laboral, subordinación o dependencia»: rechazar pedidos sin justificar · recibir explicación si la plataforma le corta el acceso, con derecho a réplica ante un operador · portabilidad de sus datos en formato estructurado · dos capacitaciones gratuitas —uso de la plataforma y seguridad vial— cuyos costos asume la plataforma · un seguro de accidentes personales provisto por la plataforma, con cobertura mínima de muerte accidental, incapacidad total o parcial permanente derivada del servicio, gastos médicos y farmacéuticos y costos funerarios · el 100 % de la propina · conectarse sin periodicidad mínima exigible · registrarse sin obligarse a conectarse · cortar sin aviso previo · elegir horario, recorrido y medio de transporte. Del otro lado, el prestador debe estar inscripto ante las autoridades fiscales y pagar sus propios aportes, que son los que le dan acceso a la Prestación Básica Universal, al retiro por invalidez, a la pensión por fallecimiento y a las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud (art. 125). Y sobre el seguro hay una frase que conviene leer entera: «la responsabilidad de la provisión de este seguro y los gastos asociados al mismo serán objeto de libre acuerdo entre las partes involucradas, sin establecer una responsabilidad exclusiva para ninguna de ellas». verif · 06-03-2026 ↗

Rige con la ley, desde el 6 de marzo de 2026, en todo el territorio del país (art. 122). El artículo 127 deja en manos de la reglamentación la autoridad de aplicación, y el Decreto 407/2026 (art. 3) ya la designó: la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, cada una en el marco de sus competencias. verif · 06-03-2026 ↗

A quien reparte o maneja con una aplicación, que en las localidades del boom es una de las primeras entradas al ingreso propio: la ley le dice que su trabajo es independiente, le enumera trece derechos y le pone una obligación que no es menor — inscribirse y pagar sus aportes, porque de ahí y no de la plataforma salen su jubilación, su cobertura por invalidez y su obra social. Y a quien quiera montar una plataforma: el régimen le pone reglas de juego escritas —información al prestador, mecanismo digital de quejas, soporte con operadores humanos, capacitaciones a su costo, seguro de accidentes— a cambio de sacarlo del riesgo de que cada conflicto se discuta como relación de dependencia. Y abre un mercado de seguros que antes no tenía forma: cobertura de accidentes personales para repartidores y choferes, con contenido mínimo definido por ley. Quién la paga queda a acuerdo de partes; que tiene que existir, no. verif · 06-03-2026 ↗